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alvarez petragliaEl Director de Asesoría Letrada de la Intendencia, Dr. Federico Álvarez Petraglia, habló de las consecuencias que tendrá el juicio ganado por los trabajadores de la empresa MIR S.A. El jerarca negó de forma tajante que el Intendente Dr. Guillermo Caraballo los haya asistido legalmente alguna vez, como había trascendido.

El titular de Asesoría Letrada de la Intendencia, doctor Federico Álvarez Petraglia, ratificó que el juicio que perdió la Intendencia y que significará una erogación cercana a los 700.000 dólares, obedece a una “actuación absolutamente negligente de la Asesoría Letrada del gobierno de Bertil Bentos”, en tanto consideró que la referida cifra representa “más o menos el crédito que nos destina el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por año para hacer la caminería rural en todo el departamento”.

 

Respecto al comienzo del proceso, opinó que la empresa Mir había incurrido “en una multiplicidad de fallas, aparte de falsificaciones de todo tipo” y por tanto “se imponía la rescisión de ese contrato”, al tiempo que negó rotundamente cualquier vinculación entre el actual intendente Guillermo Caraballo y la parte demandante. “Es una mentira infame”, enfatizó.

“A esta situación a la que llega la Intendencia, con una condena a una suma a determinar, pero que es sumamente importante, que va a rondar los 700.000 dólares, se llega como consecuencia de una actuación absolutamente negligente de la Asesoría Letrada del gobierno de Bertil Bentos, en la cual lamentablemente se dejó pasar un plazo para interponer un recurso de casación ante la Corte. El recurso tenía que ser interpuesto en un plazo de diez días y el mismo fue interpuesto en un plazo de quince días”, ratificó.

Álvarez Petraglia consideró que la presentación fuera de fecha del recurso constituyó “un error inexcusable” y “absolutamente imperdonable”, cuya consecuencia es que “una sentencia que en un principio había sido favorable a la ciudadanía de Paysandú, por lo cual nosotros no debíamos pagar un peso, termina transformándose en una erogación multimillonaria”.

Opinó que esta erogación indudablemente “va a afectar las finanzas de la Tesorería de la Intendencia” en el corto y mediano plazo.

“El propio director de Obras (Gonzalo David de Lima) nos cuantificaba más o menos qué significaba este crédito a pagar y nos decía que era más o menos el crédito que nos destina el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por año para hacer la caminería rural en todo el departamento. Todos aquellos que viven en el interior de la República sepan que aproximadamente es eso el dinero que se va a destinar para pagar eventualmente esta condena”.

Por estas horas –agregó- se está “en una etapa de estudio de la liquidación, con un equipo multidisciplinario, con abogados y contadores, controlando la liquidación al detalle, para ver dónde podemos abatir lo más posible, dentro de las posibilidades legales”.

Subrayó que la Intendencia no pretende “chicanear” un expediente “que ya está desde hace ocho años” y “donde los trabajadores indudablemente tienen derecho a cobrar”, porque “estuvieron esperando casi ocho años para esto”.

“No creo que sea una actitud de litigante de buena fe por parte de la Intendencia seguir chicaneando, seguir estirando un tema cuando no tenemos argumentos como para hacerlo. Si hay argumentos para abatir el monto indudablemente se argumentarán, se esgrimirán con la mejor buena fe y a la espera de que el monto sea el menor posible”, puntualizó.

RESCISIÓN A MIR FUE LÓGICA
Respecto al inicio del proceso, Álvarez Petraglia ratificó que, “viendo los antecedentes de la licitación” que en ese momento vinculó a la Intendencia con la empresa Mir. S.A. y “cómo se desarrolló la misma”, era “lógico” y “se imponía la rescisión de ese contrato”.

“Eso era incuestionable. Las obras para las cuales fue adjudicada a la empresa Mir tenían una multiplicidad de fallas, aparte de falsificaciones de todo tipo, de no aportes a la seguridad social. Era un desastre, a lo cual se sumaba que la misma empresa había entrado en concordato y cesación de pagos unos meses antes de la rescisión, o sea que estaba técnicamente quebrada; no podía hacer frente ni siquiera a los acreedores. No podía seguir directamente con la obra”, consideró.

Ante esta situación –explicó el profesional- la Intendencia “es incuestionable que tenía que rescindir ese contrato” y “no le cabía otra opción”.

“Hay que ser claros en que la Intendencia, cuando se licita, fue una licitación internacional; fue una licitación en la que estuvo involucrado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); que era para el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI). Hay una multiplicidad de garantías en cuanto a que se hizo una licitación a toda la regla. Se investigó a esta empresa y no sé cómo llegaron a la situación en la cual se tuvo que rescindir. En mi opinión y viéndolo a la distancia, creo que la rescisión era lo que se imponía”, añadió.

UNA “MENTIRA ENORME”

En relación a versiones que pretendieron vincular al actual intendente Guillermo Caraballo con la parte demandante en esta causa, Álvarez Petraglia enfatizó que se trata de una “mentira enorme”.

“El actual intendente Guillermo Caraballo, como abogado, ni su estudio, jamás estuvo vinculado a la parte demandante en este caso. Siempre tuvo un mismo patrocinante, que es el doctor Roberto Suárez. Nunca, en ningún momento en el expediente surge que el doctor Caraballo o algún socio de su estudio hubiese estado vinculado a esta causa. Es una mentira infame”, subrayó.

Respecto al pago de la deuda derivada de este juicio, informó que se intentará negociar y contar con los buenos oficios, tanto del abogado patrocinante como de los trabajadores, quienes “merecen que se pague la deuda que se ha asumido”, para que este pago se haga “lo más extendido posible, en cuotas posibles, dentro de las posibilidades que ellos puedan”.

 

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