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Creada por el Intendente Caraballo, el área de Inspectoría Territorial desarrolla controles para evitar ocupaciones ilegales del espacio público. Durante las últimas inundaciones, en un contexto especial, trabajó en diversas circunstancias que se resolvieron sin llegar a la vía judicial. De los 99 casos atendidos desde su creación, más del 80 por ciento se resolvió en acuerdo con los involucrados.

Control del territorio y abordaje de situaciones puntuales

Además de efectuar un estricto control de ocupaciones ilegales en zonas inundables, cuyos habitantes fueron realojados o atraviesan este proceso, Inspectoría Territorial desarrolla, a través de inspectores en el territorio, un eficiente trabajo de control y abordaje de diversas situaciones de ocupación ilegítima del espacio público.

La responsable de esta repartición, Claudia Moroy, indicó que, a través de los inspectores una vez se detecta una situación de ocupación ilegal del espacio público, se labra un acta y se efectúa una intimación que establece un plazo de diez días hábiles para el retiro voluntario. De no concretarse, comienza el proceso que, eventualmente, puede concluir con la demolición de la vivienda por resolución de la Intendencia y orden judicial.

No obstante, desde la constitución de la Inspectoría, los casos que debieron judicializarse son muy aislados, en gran medida como resultado del trabajo de mediación y acompañamiento que se lleva a cabo con las familias involucradas, incluso a través de trabajadores sociales.

Última inundación: escenario innovador para la Inspectoría

El trabajo de los inspectores, que se lleva a cabo en doble turno, comenzó en mayo de 2016. Por tanto, el último desborde del río Uruguay constituyó una situación innovadora para esta repartición de la Intendencia.

“De los sucesos de inundación que hemos tenido, el último nos encontró con la Inspectoría en funcionamiento”, explicó Moroy.

Ante la emergencia, la prioridad del trabajo se concentró en las zonas inundables y en particular en la situación de aquellas familias desplazadas que, por expresa voluntad, optaron por no alojarse en refugios e instalarse en espacios públicos cercanos a su vivienda.

“En esos casos se dio aviso y se notificó que, concluido el evento de emergencia, debían volver al lugar en el que estaban”, añadió.

Más del 80% de los casos abordados, no requirió instancia judicial

De los 17 casos detectados y abordados por Inspectoría Territorial en el referido periodo de inundación, todos ya retornaron al predio que ocupaban anteriormente.

Moroy aseguró que, en la enorme mayoría de los casos, el proceso se da con fluidez y se realiza un seguimiento de la familia involucrada, contemplándose las vulnerabilidades y, en particular, la presencia de menores de edad.

Si bien la Intendencia está facultada para accionar en la vía legal e incluso disponer la demolición de la vivienda emplazada en terreno público,  “se trata de agotar todas las instancias previas de diálogo” y “encontrar soluciones en ese camino”, incorporándose además la intervención de trabajadores sociales, que complementan el rol de los inspectores, que también están capacitados para acompañar el proceso.

Ya se realizaron 99 actuaciones

Desde la implementación de esta modalidad de trabajo, en base a datos generados a julio del presente año, la Inspectoría actuó en 99 casos. De ese total, 83 expedientes se cerraron con un acuerdo, sin necesidad de transitar la vía judicial.

“Esto para nosotros es valioso, ya que se trata de casos en los que no fue necesario llegar a una etapa de judicialización”, comentó Moroy.

Del referido total de 99, otros 11 casos fueron derivados a otras reparticiones de la Intendencia porque “no se trataba específicamente de ocupación”, en tanto solamente 6 derivaron en una demanda de autorización judicial para demolición.

Asimismo, de esos 6 casos, 3 corresponden a procesos judiciales que finalizaron con el espacio ya liberado por los ocupantes y otros 3 a situaciones que actualmente están en proceso.

“Este panorama demuestra que, en realidad, el trabajo que intentamos se va logrando, es decir recorrer ese camino en la actuación sin tener que llegar a la etapa final (demolición por orden judicial)”, subrayó la responsable de la Inspectoría.

Control integral del espacio e intercambio de experiencias

Moroy indicó que el trabajo de la repartición a su cargo no solamente se ocupa el control de predios públicos inundables, “sino de todos los padrones de dominio público”, ya sea terrenos de propiedad municipal o también la vía pública, que en más de una oportunidad ha sido objeto de ocupación.

La Intendencia de Paysandú –afirmó- “viene liderando este proceso” a nivel país en cuanto a la instrumentación de policía territorial y al cabal cumplimiento de lo establecido en la ley en relación a la ocupación ilegal del espacio público.

Por tanto, la Inspectoría de Paysandú ha sido convocada por otras intendencias interesadas en conocer los pormenores del trabajo que viene desarrollando en el territorio.

“La semana pasada fuimos convocados por la Intendencia de Río Negro, en una instancia con otras intendencias de la región, ya que existe preocupación por la instalación de nuevas plantas de celulosa en Tacuarembó, ya que esto también puede generar ocupaciones en el entorno, vinculado primordialmente a lo laboral”, explicó Moroy.

 

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