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La Inspectoría Territorial de la Intendencia verificó que algunas familias han ocupado espacios en zonas inundables desde donde ya se produjeron realojos. La Administración reitera que está facultada, de acuerdo a la normativa vigente, a demoler las construcciones que se levantan en esa zona y que está prohibido comercializar terrenos propiedad municipal.

Se detectaron situaciones irregulares

La encargada de la Inspectoría Territorial, Claudia Moroy, señaló que a través del trabajo de los inspectores se logra, en la amplía mayoría de las situaciones,  el objetivo de que la familia que ha sido realojada se haga responsable del desarme de la vivienda que habitaba en zona inundable.

No obstante, en algunos casos, la Intendencia ha tenido que intervenir para realizar la demolición correspondiente.

“Lo que hemos encontrado -en algunos casos específicos- es la presencia de nuevos titulares. Ante esta situación, el protocolo vigente faculta a la Intendencia a reiniciar los procedimientos con el nuevo ocupante”, explicó.

Las nuevas familias que se han instalado en esos espacios lo han hecho a través de ventas irregulares o porque otros se han ido sin desarmar la vivienda que ocupaban, ofreciéndolas a otros.

Es importante advertir y reiterar a la población que no está permitido construir en zonas inundables ni comprar terrenos municipales y en espacios públicos.

La IdP está facultada a demoler

“A veces sucede que son padrones de propiedad privada pero tienen una faja que impide edificar por ser inundable y -más allá del título de propiedad-, no puede haber construcciones. Lo que sugerimos es siempre concurrir ante un escribano para recibir asistencia profesional y establecer que es lo que se está comprando, evitando el riesgo que posteriormente puedan ser objeto de la demolición de las construcciones aplicando el protocolo vigente”, indicó la funcionaria.

Recordó que la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Ordenamiento Territorial facultan a la Intendencia a actuar en calidad de Policía Territorial por la vía administrativa a efectuar demoliciones ante situaciones irregulares.

En algunos casos, en la última etapa, se solicita intervención judicial. “Todo el protocolo está dentro de las facultades propias de la Policía Territorial que tiene el Gobierno Departamental”, manifestó Moroy.

 

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