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La Intendencia desarrolla el proceso de realojos de quienes viven en zonas inundables de acuerdo a un protocolo que determina cada etapa de la intervención hasta la redefinición del terreno liberado.

La encargada de Inspectoría Territorial, Claudia Moroy, explicó los controles que se realizan para evitar que esas áreas vuelvan a ser ocupadas y la prohibición de comercialización de terrenos propiedad de la Intendencia.

Ante la eventualidad de que aparezcan algunas ofertas, a costos muy bajos, de viviendas o terrenos que serán desocupados en el proceso de realojamiento de las familias que viven en zonas inundables impulsado por la Intendencia junto a organismos nacionales, desde el área de Inspectoría Territorial del Departamento de Obras, se recuerda la prohibición de comercializar predios que pertenecen a la Intendencia.

“Es importante señalar que no se puede adquirir predios municipales”, enfatizó Claudia Moroy, encargada de la Inspectoría Territorial. Agregó que “si alguien lo hace y construye de manera irregular”, la Intendencia determinará “el retiro del lugar y la demolición de la construcción, ya sea una nueva edificación o una vivienda precaria antigua”.

El protocolo faculta a la Inspectoría Territorial llegar a la vía administrativa, “siguiendo todos los pasos que garantizan el debido proceso hasta llegar a la demolición de la estructura”, indicó Moroy.

La funcionaria también explicó que si eventualmente hubiera alguien que ocupe una vivienda de realojados buscando, a partir de esa ocupación, obtener una nueva vivienda que estos casos no serán contemplados.

Agregó que el sistema de realojos se instrumenta de acuerdo a un plan establecido en el que se cumplen una serie de etapas, desde el censo y registro de las familias de la zona a desocupar y realojar, hasta la definición del futuro espacio público que quedará libre.

 

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